Recordó que la garantía de suministro es altísima en nuestro país (99,9%), al igual que los estándares de calidad, lo que se traduce en que el ciudadano no haya notado ningún cambio ante esta situación.
Por el contrario, el legislador sí es plenamente consciente de la criticidad del sistema, y en 2008 la Comisión Europea estableció unas normas para infraestructuras críticas. Para Duvison: “El sistema eléctrico es el más crítico dentro de los críticos”, y cuenta con planes de contingencia para garantizar la seguridad de suministro como exige esta normativa. El caso de REE, es análogo al de Francia o al de Portugal.
Por su parte, los distribuidores y transportistas también cuentan con estos planes para garantizar la operabilidad de los centros de control, lo que determina que el consumidor no aprecie diferencia alguna.
El operador del sistema eléctrico está centrando sus ejes de actuación en el sector sanitario, pero también en los centros de control. Madrid, que mantiene al 100% su actividad, cuenta con tres centros en los que se trabaja de forma independiente y aislada, sin ningún contacto entre los equipos de operadores. En las islas se está haciendo algo similar. Adicionalmente, continuó Duvison, contamos con equipos de ex operadores preparados en caso de que alguno de los tres centros tuviera incidencias.
Evolución de la demanda
El sistema eléctrico es un termómetro muy objetivo de cómo funciona la sociedad ante un suceso. Durante el confinamiento, sobre todo en la última semana, se ha incrementado el coste de los servicios de ajuste, especialmente el de las restricciones técnicas.
Esto ocurre porque la demanda ha caído significativamente y hay menos generadores más allá de los renovables. Ante la baja demanda, casan menos generadores y es necesario acoplar aquellos que de manera natural no hubieran intervenido. Junto a esto, la entrada de renovables durante marzo ha sido alta, lo que reduce el espacio a otros generadores.
En conclusión, menos demanda, más restricciones técnicas. Duvison explicó que el objetivo final de este proceso es garantizar el suministro con la calidad que exige la normativa.