Contó con el patrocinio de Aseme (Asociación Empresarial Eléctrica), Cide (compañías de servicio público de electricidad), Edp, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Red Eléctrica de España (REE) y Viesgo.
Miguel Antoñanzas, presidente de Enerclub, en referencia a las medidas que incluye el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, destacó que el sistema eléctrico debe contar con una mayor integración de renovables, de recursos distribuidos, incluyendo el autoconsumo, y de fomento de la movilidad eléctrica. En su opinión, “las redes eléctricas juegan un papel facilitador hacia los objetivos de descarbonización e incremento de la eficiencia energética”.
José Blanco, señaló la importancia de electrificar la demanda para garantizar esta transición, “basada en redes inteligentes y más eficientes”. “La bajada de los costes de las energías renovables, especialmente en fotovoltaica y eólica, certifica que no es un problema económico”, afirmó. El consumidor se convierte en el protagonista principal, participando más activamente en la gestión de la energía. A este respecto, aplaudió el derecho al autoconsumo individual y colectivo de energías renovables, sin barreras injustificadas.
Sobre el transporte, incidió en que debemos girar hacia una movilidad de bajas emisiones, un transporte moderno y limpio con una apuesta firme por los vehículos de 0 emisiones a mitad de siglo. Sobre las medidas anunciadas por el ministerio de Transición Ecológica, señaló: “la propuesta de España es ordenada y predecible, en línea con otros países europeos como Reino Unido, Alemania, Francia u Holanda”.
Para Blanco: “la descarbonización de la economía requiere claridad, planificación y seguridad jurídica que garantice las inversiones necesarias”. “Conformamos un marco regulatorio ambicioso y estable, porque la transición es técnicamente viable y económicamente beneficiosa. En nuestras manos está llevarlo a cabo”, concluyó.
Por su parte, Alberto Amores, en referencia al estudio elaborado por Monitor Deloitte titulado “la contribución de las redes eléctricas a la descarbonización de la generación eléctrica y la movilidad”, (www.deloitte.com/es/redes-electricas-descarbonizacion.html), señaló que las redes en España integraron cerca de 21.000 MW de tecnologías renovables en tan sólo siete años, entre 2005 y 2012, con una alta calidad de suministro eléctrico, cercano al 99,9%.
Respecto a la transición energética y el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de penetración de energías renovables a 2030, Amores expuso que supondrá instalar, al menos, 45-55 GW de capacidad renovable, que podrían incluir hasta un millón de instalaciones de autoconsumo y más de 100.000 puntos de recarga para atender a los millones de vehículos eléctricos que circularán por nuestras carreteras. Las inversiones necesarias para conectar la nueva potencia renovable y la recarga y, sobre todo, modernizar y digitalizar las redes para gestionar y operar una realidad mucho más compleja, se calculan en 30.000 millones de euros.
Como principales recomendaciones que se desprenden del estudio, Amores destacó la planificación de las inversiones, la adaptación del marco regulatorio y tarifario e incentivar las inversiones para la digitalización de la red.
A continuación, los expertos representantes de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Asociación Empresarial Eólica (AEE), y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), sobre el papel futuro de las redes para alcanzar el objetivo renovable a 2030, señalaron qué mecanismos de previsión, de gestión y de control, son necesarios para garantizar y mantener la seguridad y la calidad de suministro eléctrico. Coincidieron en la necesidad de alinear la política energética, de I+D y medioambiental para cumplir los plazos a 2030.
Otro reto importante, es la operación de los sistemas y el almacenamiento para integrar la generación de renovables atendiendo sobre todo a la demanda, para evitar costes innecesarios. La digitalización, el control y la modernización de las redes, influirán notablemente en la reducción de costes.
Sobre el autoconsumo, no se mostraron muy optimistas con la previsión del número de instalaciones, sobre todo en el sector doméstico. Modernizar la red y la digitalización -instalar transformadores inteligentes, el vehículo eléctrico con recarga inteligente-, o la reforma de la tarifa eléctrica para avanzar en eficiencia energética y la electrificación-, son también medidas clave.
Los ponentes que intervinieron en el segundo panel, representantes de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), del Ayuntamiento de Madrid, de IBIL (red pública de recarga), IONITY (red paneuropea de carga de alta potencia) y Nissan, valoraron positivamente la nueva normativa, con la supresión de la figura del gestor de carga, entre otras medidas. Las inversiones realizadas en las infraestructuras de recarga, especialmente la rápida y ultrarrápida, son muy costosas. Es necesario casar la oferta y la demanda para asegurar la viabilidad de las infraestructuras.
Sobre los puntos de recarga en la vía pública de las ciudades, y su dificultad añadida por la limitación del espacio público, apostaron por otras opciones como el fomento del vehículo compartido o el establecer convenios con espacios privados de acceso público, como los aparcamientos de centros comerciales u hoteles. Abogaron por el fomento de los puntos de carga vinculada.
En relación al precio del vehículo eléctrico, consideraron que se irá reduciendo conforme se incrementen el número de vehículos y los puntos de recarga. El desarrollo tecnológico, sin duda, jugará un papel fundamental al abaratar el coste de las baterías.
Concluyeron que el proceso de descarbonización de la economía debe ser “una cuestión de Estado en el que la movilidad eléctrica juega un papel fundamental para conseguirlo”.