la segunda jornada se analizaron los mercados de CO2 europeos y su extensión a otros sectores
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En el encuentro, intervinieron: María Victoria Zingoni, presidenta de Enerclub; Carlos Barrasa, presidente de BP España y de la cátedra BP de energía y sostenibilidad, y Yolanda García, jefa del Área de política energética de la Comisión Europea.
María Victoria Zingoni comenzó su intervención indicando que “situaciones como las que estamos viviendo, con la alta volatilidad de los precios de las materias primas y de los vectores energéticos, consecuencia de muchos y diversos factores, deben gestionarse adecuadamente para no poner en riesgo la transición. Por eso, además de la sostenibilidad, no podemos olvidarnos de los otros dos grandes objetivos de la política energética, la seguridad de suministro (que permite contar con energía cuando se necesite) y a un precio asequible para todos.
Si estos objetivos no se persiguen de manera coordinada, podrían tener consecuencias negativas para nuestras economías. Especialmente para los cerca de 34 millones de habitantes de la Unión que son más vulnerables a los altos precios energéticos. Pero también para nuestra industria, que podría perder competitividad frente a otros competidores, y para todos los consumidores en general.
Por su parte, Carlos Barrasa, dijo que “desde BP damos la bienvenida a esta nueva legislación. Y lo hacemos desde la tranquilidad de saber que nuestro rumbo como empresa está alineado con el de la Unión Europea: queremos políticas climáticas ambiciosas y efectivas que nos ayuden a todos a llegar al nivel de cero emisiones netas. Por eso, aunque esta legislación pueda suponer un reto para algunos de nuestros negocios tradicionales, por ejemplo, el refino o la comercialización de productos petrolíferos, creemos que está en consonancia con nuestros nuevos planes y objetivos empresariales para convertirnos en una empresa diferente ya en 2030.”
Tras realizar una exposición detallada de todas las medidas del Fit for 55, Yolanda García afirmó que el sector energético está experimentando una profunda transformación. “El nuevo objetivo climático de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% para el 2030 y la neutralidad climática para el 2050, están llevando al sector hacia una revolución en la forma de producir, transportar y consumir la energía”.
“El desafío es traducir estos objetivos en acciones concretas. Y éste es precisamente el propósito del paquete legislativo adoptado por la Comisión Europea el 14 de julio, que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% para el 2030 de una manera socialmente justa, con una visión integrada en la que todos los sectores tienen que contribuir y al menor coste posible para la sociedad”.
Durante la mesa redonda sobre las implicaciones para España del Fit for 55, el moderador, Claudio Aranzadi, señaló que el Fit for 55 adelanta algunas medidas a la actual década y acelera la descarbonización para alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050. El sistema de derechos de emisión se amplía al transporte marítimo y se crean nuevos mecanismos de derechos de emisión para edificios y transporte. “Este sistema es en teoría el más racional, pero no ha cumplido con el objetivo de dar señales de precio estables, actualmente con un alto grado de volatilidad, para las inversiones. Solicitó una política industrial de acompañamiento y mayor flexibilidad, a través de ayudas o sistemas de compensación para no perder competitividad.
Cristina Riestra de CEOE recordó que el sector industrial, transporte y el energético ya han reducido sus emisiones desde 2005 hasta 2019 en un 62% -energético-; un 36% -industrial- y en un 11% -transporte-, al tiempo que se incrementaba el PIB, por lo que “es compatible la competitividad con los objetivos climáticos”. “La competitividad empresarial es clave para afrontar la transición energética”, afirmó. Sobre el mecanismo de ajuste en frontera, dijo que las medidas europeas “nos dejan en desventaja competitiva” al no ser el alcance de las emisiones igual para todos. En conclusión, “es posible avanzar en la descarbonización, creando riqueza, empleo y avanzando en la competitividad”.
Para Eva Saldaña de Greenpeace: "El paquete Fit for 55 de la Comisión Europea no es suficiente para contener la crisis climática, ya que algunas medidas no entrarán en vigor hasta dentro de diez años o más”. En esta línea, Greenpeace cree que España debe revisar sus objetivos climáticos, que actualmente señalan una reducción de emisiones para 2030 respecto a 1990 del 23%, y pide al Gobierno elevarla al menos a un 55%. Insta a dirigir los flujos financieros hacia una transformación real del sistema que logre una sociedad más justa y equitativa".
David Robinson de Oxford Institute, destacó que el paquete Fit for 55 beneficiará a los consumidores energéticos residenciales a partir de 2030. Las propuestas existentes hoy, como el nuevo sistema de comercio de emisiones de CO2 para transporte y calefacción, suponen un incremento de precios energéticos, ya altos y volátiles, e importantes inversiones para los consumidores pequeños y, sobre todo, para los más vulnerables. “Si queremos contar con el apoyo de los ciudadanos en la transición energética, debemos facilitar que se beneficien del desarrollo de las energías renovables, con costes más bajos y estables, y limitar su exposición a las energías fósiles”.
Según Ignacio Zamora de la Asociación Española de Derecho de la Energía: "El paquete de medidas Fit for 55 plantea la reforma de los marcos regulatorios en materia de energía, transporte y clima con el propósito de adaptarlos al nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55% para 2030, en lugar del 40% previsto en el denominado Clean Energy Package.
El conjunto de propuestas legislativas que lo conforman adquiere especial trascendencia en la medida en que sirve para vertebrar jurídicamente el European Green Deal, elemento central del programa del Gobierno actual de la Comisión Europea."