El pasado 19 de enero tuvo lugar la tercera: “Nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono y el fondo social por el clima”, con la participación de Juan Francisco Martínez, director general de Política Comercial del ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como representantes de ASCER (Asociación de fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos), ENDESA, UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas), ECODES y OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).
Tras la apertura de la jornada por parte de Arcadio Gutiérrez, director general del Club Español de la Energía (Enerclub), tomó la palabra Juan Francisco Martínez, director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que se centró en el mecanismo de ajuste en frontera.
Señaló que este mecanismo, que se espera entre en vigor el próximo año, se plantea como un proyecto gradual en el que se incorpora en primer lugar el cemento, la electricidad, los fertilizantes, el hierro y el aluminio. A partir de 2023 se controlarán las emisiones directas de estos productos y en 2026, se debate incorporar las emisiones indirectas. El importador será el responsable de aportar los certificados de los valores reales de emisión respecto al volumen de importación. Habrá mecanismos de penalización en el caso de no cumplirse estos requisitos.
El comercio exterior es el que genera mayores dificultades en su aplicación. Entre los aspectos que generan dudas, citó la compatibilidad con la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde deberá relacionarse este mecanismo con su objetivo final medioambiental, y la eliminación de las asignaciones gratuitas, entre otros. Preocupa que los países que no están sujetos a este mecanismo ganen relevancia y reduzcan la competitividad de España y Europa.
Para concluir, indicó que el objetivo de este mecanismo es transformar el comercio internacional dentro de un mundo globalizado que se acelerará con los incentivos dados desde la Administración de cada país. La opción preferible, a juicio de Martínez García, sería tener un marco internacional de aproximación de estándares, consensuado en un foro internacional.
NUEVO MECANISMO DE AJUSTE EN FRONTERA DEL CARBONO
Los ponentes de esta mesa, junto al moderador Pedro Linares, Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, Economics for Energy, debatieron sobre si realmente hace falta un mecanismo de ajuste en frontera y, en caso afirmativo, si esta propuesta de la Comisión va a funcionar.
Victoria Zaera, responsable del área de Medio Ambiente de ASCER, sector aún no incluido en este mecanismo de ajuste en frontera, señaló que con un 75% de su producción que sale de España, podría restarle competitividad al elevarse el coste de las exportaciones. Apostó por mantener las asignaciones gratuitas, cumplir con la OMC, y una verificación por parte de una auditoría.
Para Mariló García, subdirectora de Regulación Internacional de Endesa: “debemos tener todos las mismas reglas de juego, al tiempo que velar porque nuestra industria no pierda competitividad” (en referencia a la electricidad comprada a Marruecos por terceros países no adscritos a este mecanismo). Entre otros aspectos, afirmó que para que este funcione, es imprescindible un sistema de verificación que sea auditable.
Andrés Barceló, director general de UNESID, expuso que España produce el acero de forma distinta a otros países de la UE, con un mayor porcentaje de emisiones indirectas sobre las directas. En su opinión, el nuevo mecanismo es necesario, pero hubiese sido mejor un impuesto. Respecto a la retirada de las asignaciones gratuitas, apostó por empezar de forma más gradual, para poder comprobar si funciona.
EL FONDO SOCIAL POR EL CLIMA
Este panel, moderado por Arcadio Gutiérrez, director general del Club Español de la Energía, se dedicó al nuevo fondo social por el clima, consecuencia de la introducción de los nuevos ETS para edificación y transporte por carretera.
Para Víctor Viñuales, director de ECODES: “este fondo busca solventar los daños colaterales que afectarán a los colectivos más vulnerables con la introducción de los nuevos ETS para edificación y transporte por carretera”. Consideró más beneficioso un fondo con un carácter más general y con un mecanismo de compensación que promoviese la aceptación de estas medidas en la sociedad. Además, pondría el foco en vivienda y movilidad, sin descuidar la vulnerabilidad del resto de colectivos. “Hay una ecuación social por resolver en la transición ecológica”, concluyó.
Javier Arranz, responsable en materia energética de la OCU, destacó que la cantidad económica de este fondo no es suficiente, aunque lo calificó como muy positivo. A su juicio, los ingresos extraordinarios de los ETS deberían revertirse exclusivamente en beneficios para el consumidor vulnerable. También resaltó la importancia de las ayudas directas a los que más lo necesitan y abogó por no tener que renovar la petición de esta ayuda cada dos años.
Ambos consideraron imprescindible la labor formativa, de educación energética hacia el ciudadano, que podría estar más preparado y tener mayor conocimiento para abordar nuevas cuestiones sobre la transición energética, como es el caso de este fondo.