Eduardo Montes destacó la contribución que las compañías asociadas de Unesa realizan a la sociedad a través de más de 180.000 puestos de trabajo, 1,9% del PIB nacional, o los 60.000 millones de inversión en los últimos 15 años. Además, aportan cada año 4.000 millones de euros al Estado en impuestos. También se refirió a la paradoja del sector eléctrico español, en el que prácticamente el 50% de la factura eléctrica está constituido por costes ajenos al suministro.
Por su parte, Diego Martín-Abril y Calvo hizo un repaso de la diferente fiscalidad energética y medioambiental existente en España –impuestos sobre los hidrocarburos, el valor de la producción de energía eléctrica, el combustible nuclear gastado, la electricidad, los gases fluorados, etc. ) – y cómo ésta apenas ha variado en los últimos 12 meses. Destacó, además, que la fiscalidad medioambiental contribuye muy poco al PIB español (1,8%) y las instituciones internacionales llaman la atención sobre esta cuestión de forma constante. El Director General comentó, por otra parte, que en 2014 existieron 44 impuestos autonómicos de carácter medioambiental y cómo es completamente necesaria la armonización fiscal en nuestro país.
A continuación, tuvo lugar la primera de las mesas redondas, donde se realizó una aproximación a la fiscalidad y parafiscalidad en el sector eléctrico español en la que participaron Juan Jose Lavilla Rubira (Cliffordchance) y Pascual Sala Atienza (Unesa). Durante la mesa, se explicó cómo la parafiscalidad se refiere a prestaciones patrimoniales públicas no tributarias a diferencia de la fiscalidad que sí es tributaria, y cómo dentro de la primera se incluyen, para el sector eléctrico, el bono social, anualidades del déficit, primas al antiguo régimen especial, los extra costes peninsulares o el fondo de eficiencia energética, entre otros. En el contexto de la fiscalidad de la energía eléctrica, se analizó el impacto que tienen los impuestos indirectos en la factura del consumidor (21% IVA y 5,1% impuesto de electricidad).
La segunda de las mesas analizó la fiscalidad ambiental y las consideraciones jurídicas y prácticas. En ella participaron Luis M. Cazorla Prieto (Cazorla Abogados), y Manuel Lagares Calvo (Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español).
A lo largo de la sesión, se debatió en torno a los criterios para la delimitación de la fiscalidad ambiental, en particular, sobre la doctrina del Tribunal Constitucional y cómo la gran cuestión en esta materia es el cumplimiento del requisito de la existencia o no de fines medioambientales de dicha fiscalidad. Es decir, la prueba del destino de esos fondos a fines medioambientales y no al fondo presupuestario común. También se hizo referencia a la excesiva imposición autonómica, que crea confusión territorial, y la falta de relación con los fines medioambientales. Se recalcó, además, la idea de que la fiscalidad se regule por el Estado, aunque su recaudación fuera local, y la necesidad de simplificación y unificación de tributos.
La tercer y última de las mesas versó sobre los tributos ambientales aplicables al sector eléctrico español, y en ella participaron Pablo Renieblas Dorado (Deloitte Abogados), Eduardo Gardeta González (Garrigues), José Ignacio Rubio de Urquía (Rubio de Urquía Abogados), y María Muñoz Viejo ( Endesa).